Sainete a cuatro voces sobre la reforma laboral

Intervienen: Mariano Rajoy (Presidente del Gobierno de España), Soraya Sáenz de Santamaría (Vicepresidenta del Gobierno), Fátima Báñez (Ministra de Trabajo), Alberto Ruiz-Gallardón (Ministro de Justicia), Herman Van Rompuy (Presidente del Consejo Europeo), diversos mandatarios europeos. La acción transcurre entre Madrid y Bruselas (1).

Rajoy charla con sus homólogos

Báñez.- (Atendiendo a los micrófonos, en Madrid) En las próximas fechas habrá una reforma laboral completa y equilibrada…

Rajoy.- (Bruselas, conversación informal, en círculo, con sus homólogos finlandés y holandés, Katainen y Rutte) La reforma laboral me va a costar una huelga general (sigue el tono distendido, los tres sonríen)

Báñez.-  (a lo suyo)… Estoy segura de que va a contar con el respaldo de todos los ciudadanos.

Rajoy.- (Firme) El Gobierno tiene que gobernar y tomar decisiones que no le van a gustar a mucha gente.

Van Rompuy.- (Emocionado) Our new colleague, Mariano Rajoy, from Spain. Bienvenido.

Rajoy.- (Se justifica) Es que nos dejan una herencia muy complicada.

Sáenz de Santamaría.- (Inflexible) Este Gobierno está para hacer lo que hay que hacer.

Gallardón.- (Puntualiza) Siempre buscando el máximo consenso.

Notas: (1) Las frases son literales, pero no aparecen en sus contextos originales. Si bien todas ellas se refieren al mismo tema (futura reforma laboral), no responden a un diálogo real entre las partes.

De Guindos, tú conduces

Luis de Guindos

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, cree ahora que la prioridad europea debería "girar hacia el crecimiento". Hombre, eso es lo que queremos todos, el problema es que el crecimiento está al final de un camino plagado de cruces, rotondas y desvíos, muchos de ellos sin señalizar. En este viaje, nos tenemos que fiar de la pericia del conductor; sin embargo, de Guindos parece estar buscando el botón del piloto automático.

No se entiende muy bien que, en una comparecencia pública, a cada frase pronunciada en un sentido le siga otra en sentido contrario. Así ocurre cuando comienza a describir la ruta hacia el fomento del crecimiento: en primer lugar, la reducción del déficit es ineludible y "no supone una opción". A continuación "La austeridad no es la receta que conducirá a la salida de la crisis" (bandazo). Continúa diciendo que es necesario avanzar en el reequilibrio fiscal, para pedir después políticas que fomenten el crecimiento económico (nuevo bandazo). Para finalizar matiza que el ajuste presupuestario también tiene algún efecto positivo sobre la economía. Esto ya lo suponíamos, pero lo que su Gobierno transmite a diario es que sólo tiene efectos positivos.

Hay diferentes maneras teóricas de enfrentar una crisis, y no espero que todos tengamos la misma opinión al respecto. Lo único que espero es que, al menos, el conductor no se contradiga a sí mismo.

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¿Despedir para contratar?

Arturo Fernández en TVE. (EFE)

El vicepresidente primero de la CEOE, Arturo  Fernández, opina que España debería seguir el ejemplo de Portugal y diseñar una reforma laboral con menores indemnizaciones por despido, menos días de vacaciones y horas extras peor remuneradas. Hasta aquí todo normal, él es un empresario; me sorprendería que pidiera lo contrario, e incluso me atrevería a decir que le estoy agracecido porque no reivindique la supresión total de las vacaciones y el despido gratuito.

“Lo que queremos los empresarios es contratar, no despedir”, dice el Sr. Fernández. Pero abaratar el despido facilita, evidentemente, que se despida más, como bien le podría explicar al Sr. Fernández mi sobrino de nueve años. Que todos o la mayor parte de esos despidos se fueran a convertir en nuevos contratos indefinidos está por ver (hagan sus apuestas).

Fernández dice que hay empresas que tienen que cerrar porque no pueden pagar a sus trabajadores indemnizaciones de 45 días por año trabajado (la cuantía fijada para el despido improcedente), obviando que la actual legislación laboral, tras la reforma de 2010, permite los despidos colectivos con indemnización de 20 días por año trabajado en circunstancias tan vagas como que “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. Yo creo (y el Sr. Fernández lo sabe) que una empresa abocada al cierre o en situación difícil por los malos resultados, en ningún caso tendría que pagar indemnizaciones de 45 días.

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Cuidado con la retroactividad

José Antonio Monago

Diversos medios de comunicación recogen hoy que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha declarado que, si se va a pedir responsabilidad penal a los gobiernos autonómicos que se excedan en el gasto – tal y como ha anunciado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro – ésta debe aplicarse también “retroactivamente” e incluir a “los que estuvieron” hasta el pasado mes de mayo.

Intuyo que el Sr. Monago ha tenido un lapsus y que no ignora el principio constitucional de la irretroactividad penal, consagrado en el artículo 25.1 de la Constitución (“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”). Esto es un derecho fundamental y está comprendido en el temario de cualquier oposición, por modesta que sea. Pero, más allá de ahí, la irretroactividad constituye un principio tan elemental del derecho sancionador que su conocimiento, cuando menos, se presupone en cualquier responsable político, y más si hablamos de un presidente de Comunidad Autónoma (casi nada).

Sé muy bien que, con estas palabras, el Sr. Monago quiere recordarnos, una vez más, el a su juicio monstruoso déficit que ha heredado del anterior equipo de Gobierno. Esto ya lo sabemos, nos lo han dicho cientos de veces, él y todos los presidentes de las Comunidades Autónomas donde el pasado mes de mayo de 2011 ha habido cambio de Gobierno, pero conviene recordar que el gasto público, en general, y por supuesto también el autonómico, está sujeto a la legislación básica estatal en materia presupuestaria, a las Leyes de Presupuestos anuales y a los controles del Tribunal de Cuentas y de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. Cualquier gasto realizado en contra de esta normativa ya es susceptible de responsabilidad, no hace falta ninguna reforma penal para esto. Y, si el Sr. Monago considera que sus antecesores han gastado el dinero público de manera ilegal, que lo denuncie donde corresponda.

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